Freno a los desahucios
La crisis financiera internacional junto con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 no sólo se ha traducido en la destrucción de miles de puestos de trabajo. Aún más dramático es que casi 400.000 personas hayan perdido sus casas por no pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda. Familias que hace unos años depositaron sus ilusiones, escasos ahorros y parte de sus nóminas en la firma de un contrato que les vinculaba casi de por vida con un banco a cambio de las llaves de un hogar.
Es muy triste que nuestra retina se haya tenido que acostumbrar a ver desahucios diariamente en los medios de comunicación; jóvenes, ancianos sin apenas ingresos o familias enteras que abandonan sus casas arrastradas por la impotencia. Y tanto nos hemos habituado a esta imagen que ahora la noticia no es la pérdida del hogar sino la paralización del desalojo.
La semana pasada el Congreso de los Diputados, con el único voto a favor de los diputados del Partido Popular, daba luz verde a la primera ley que logrará paralizar los desahucios en nuestro país. El Partido Popular ha escuchado las propuestas de los afectados por las hipotecas y ha elevado a rango de ley los principios de la Iniciativa Legislativa Popular firmada por más de un millón de personas.
Por vez primera, un Gobierno ha introducido la posibilidad de paralizar los desahucios de los que más lo necesitan durante dos años: familias numerosas, unidad monoparental con dos hijos, unidad familiar con menores de tres años, con miembros con discapacidad, dependencia o enfermedades graves; en situación de desempleo; o cuando exista algún miembro víctima de violencia de género.
Asimismo, se crea también un nivel de protección adicional para quienes, cumpliendo con los requisitos de suspensión de los lanzamientos judiciales, habiten viviendas por debajo de ciertos límites de precio. En este caso, las entidades financieras tendrán la obligación de reestructurar la deuda hipotecaria y, en determinadas situaciones, se podrá solicitar la dación en pago de la vivienda habitual. Esto supondrá la cancelación total de la deuda y permitirá al afectado permanecer en la vivienda como arrendatario pagando un alquiler social.
El Gobierno del Partido Popular ha visto necesario también crear un parque de 6.000 viviendas para alquileres sociales, que oscilarán entre los 150 y los 400 euros, y al que podrán acogerse personas que hayan sufrido desahucios desde 2008. El Partido Popular no puede olvidarse de las familias que han sufrido la crudeza de la crisis en años anteriores. Se trata de medidas concretas y propuestas nunca antes planteadas por parte del anterior Gobierno socialista.
Los mismos que crearon el desahucio express son los que ahora improvisan expropiaciones en Andalucía y aplauden a los acosadores. Su discurso nace de la semilla de la incoherencia política. La mayoría de los desahucios que se han producido en Andalucía han sido en los gobiernos del PSOE y el bipartito se atreve ahora a pedirle cuentas a Mariano Rajoy: uno de cada cuatro españoles desahuciados de su primera vivienda están gobernados por el Gobierno social-comunista de Andalucía. Además, en nuestra comunidad autónoma sólo se benefician de la dación en pago el 34 % de los desahucios, frente al 42 % de la Comunidad Valenciana o el 46 % de Madrid.
La política de vivienda del Bipartito social-comunista de Andalucía se resume en un abanico de mentiras y falsas promesas que dejan al descubierto su cinismo: más de 5.000 viviendas públicas vacías, prometieron viviendas gratis para sueldos inferiores a 1.000 euros y 9.950 millones para un Plan de Vivienda de los que sólo ejecutaron 700 millones, no pagan las ayudas del alquiler a más de 12.000 inquilinos y eliminaron las ayudas de 6.000 euros a propietarios para impulsar el alquiler.
¿Y qué se puede decir del último de los decretos inventados por la Junta de Andalucía? Contempla multas y expropiaciones basadas en viejas fórmulas fracasadas de la izquierda social y comunista, de la misma forma que asaltan supermercados e invaden fincas. Es un decreto que no mejora la protección de las familias en situación de desahucio, que tiene una dotación presupuestaria muy escasa y costes de gestión muy altos. De hecho, la Comisión Europea ya ha manifestado que se está planteando vetar este decreto de expropiaciones.
Desde que empezara la crisis hace 5 años hasta 2011, nuestro país ha registrado 323.481 ejecuciones hipotecarias. La mayoría en Andalucía con casi 63.500. Mientras la situación económica se agravaba, la escalada del desempleo seguía imparable y los desahucios se convertían en un asunto de emergencia social, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero permanecía en una situación de parálisis absoluta y sin más programa que su mera supervivencia. Es ahora, desde la oposición y apoyados por la política de titulares del bipartito de la Junta, cuando los socialistas han visto necesario actuar. El PSOE ha decidido ponerse detrás de las pancartas tratando de abanderar las protestas sociales, actuando desde la barrera cuando hace tan sólo año y medio seguían mirando a otro lado y, parafraseando a Javier Arenas, “poniendo a la pobreza en el centro de la vida en España “.
Lo que ha quedado demostrado es que la política de vivienda del PSOE de Rubalcaba y la del Bipartito de la Junta sigue moviéndose entre la hipocresía, la mentira y la demagogia. Los socialistas votaron diez veces en contra de la dación en pago que hoy exige y ahora se opone a las únicas medidas que pueden frenar el drama de miles de personas que han perdido o están en riesgo de perder su vivienda. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha atrevido a poner solución a este drama social, ha sido valiente abordando el necesario cambio de una más que anticuada normativa hipotecaria y dentro de aproximadamente dos meses, cuando entre en vigor la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, cerca de 120.000 familias españolas en extrema necesidad lograrán salvar sus hogares.
