Cada vez que ocurre un hecho delictivo de enorme trascendencia social y mediática, en plena indignación ciudadana, siempre hay los mismos que se encargan de enfriar el ambiente bajo el sensato argumento de no  actuar bajo el impacto del daño y el dolor cometido,  y la inoportunidad de tomar iniciativas basadas en el hecho puntual y concreto.

Sin quitar razón a quienes así opinan, la pregunta que hay que hacerse ante la reiteración de casos es, como por ejemplo los últimos de agresiones sexuales y asesinatos a niñas menores ocurridos en nuestra Comunidad en un escaso tiempo, ¿a que esperamos para actuar?, ¿cuántos casos más de menores víctimas hacen falta para provocar un cambio urgente en lo que ya todos sabemos es una deficiente normativa de protección del menor en España?

Nuestra actual legislación es de las más avanzadas en materia de protección y reinserción a los menores delincuentes, pero tremendamente insuficiente cuando se trata de proteger a los menores víctimas de delitos. Es evidente que la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, no ha dado los resultados esperados, y lo que es peor, ofrece una respuesta decepcionante y frustrante a casos tan terribles como los vividos en Huelva, Sevilla, Baena o Isla Cristina, entre otros.

Nos encontramos ante una situación compleja a la que debemos responder antes de que sea demasiado tarde. Máxime cuando también, es continuo el lamento de los padres y docentes, sobre los déficits educativos y la crisis de valores que especialmente incide en los jóvenes.

Problemas como la excesiva permisividad de los padres hacia los hijos, de la pérdida y menoscabo de su autoridad, los escalofriantes índices de fracaso escolar, la violencia en las aulas, la necesaria dignificación de la función docente, el descontrol de las redes sociales en internet…exigen no esperar a que nuevos hechos dolorosos nos recuerden la necesidad de actuar.

El progresismo ya no puede ser el “todo vale”. Lo avanzado no es más derechos y libertades sin control para los jóvenes,  como sigue propugnando la izquierda, habrá que avanzar también en las obligaciones. El relativismo ético y moral, así como la banalización de la sexualidad de los últimos tiempos, ya sabemos sus resultados a la vista de lo que está ocurriendo.

Lo primero tiene que ser una rectificación urgente del modelo educativo impuesto por el socialismo gobernante, heredero de la nefasta Logse, que hoy sitúa a Andalucía siete puntos por encima de la media nacional de fracaso escolar. Lo urgente es la necesidad de un gran “Pacto Educativo”  de todas las fuerzas políticas y sociales que sitúe a la Educación en un status superior a los previsibles vaivenes electorales. Es imprescindible, tomar como prioridad la inversión en educación, hoy el gobierno andaluz es el que menos invierte en educación por alumno. Hacen falta reformas profundas. Es necesario apostar por una nueva cultura del esfuerzo, el merito y la capacidad. Una nueva disciplina en las aulas. Reforzar la autoridad del profesorado y apoyar su papel fundamental en la educación de nuestros hijos. En definitiva, la apuesta tiene que ser clara por la calidad del sistema educativo.

Lo evidente, es que a diferencia de lo que dice estos días el PSOE,  la Ley del Menor no es “contundente “, especialmente con los menores delincuentes. Es por ello urgente su reforma sin temores ni demagogias.

Asuntos como la rebaja de la edad de responsabilidad penal en supuestos de especial gravedad o multireincidencia a los 13 años. El aumento de las penas de internamiento. El internamiento en prisión en determinadas circunstancias al cumplirse la mayoría de edad. El aumento de los plazos de prescripción y de la medida cautelar de internamiento… El objetivo es claro, evitar la impunidad de delitos especialmente graves y  proteger más a las víctimas menores. El reto debe ser  una mayor proporcionalidad entre la respuesta sancionadora y la gravedad del hecho cometido. El sentido común nos  obliga a adecuar el tiempo de duración de las medidas a la entidad de los delitos y a las edades de los menores infractores.

Se puede y se debe exigir ante estos casos prudencia y rigor. De acuerdo, pero no aceptemos como válida la inacción.  Nuestra irresponsabilidad también puede llegar si el olvido del paso del tiempo nos lleva a no reaccionar.

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Andaluz Indignado  - Medios caraduras   |2009-08-24 01:17:55 A ver si cuando gane las eleciones el pp, que será en un futuro proximo, pone a los medios de comunicacion un buen muro de dignidad humana y verguenza, ya que son uno de los principales enemigos del partido y de españa y de todos los españoles. Responder

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